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El juzgado contencioso administrativo 2 de Tarragona ha dictado un auto en el que obliga al Ayuntamiento de El Vendrell a dar asistencia a una colonia de gatos que hay en una finca privada del municipio. En el auto se adoptan las medidas cautelares por la Magistrada, que pidió la Fundación por el Asesoramiento y Acción en la Defensa de los Animales (FAADA)
Es una medida sin precedentes y como asegura la entidad abre la puerta a que las administraciones tengan que actuar en otras situaciones similares. De este modo, el ayuntamiento deberá esterilizar y realizar los tratamientos veterinarios necesarios para garantizar la salud de los animales.
Según consta en el documento judicial, la colonia de gatos en 2021 contaba con 70 ejemplares, pero en 2022 el número disminuyó a 50. La jueza afirma que "el Ayuntamiento de El Vendrell está abandonando sus responsabilidades legales en cuanto a la gestión de la colonia al no realizar las tareas de esterilización, ni proporcionar los tratamientos y cuidados veterinarios necesarios, ni alimentar a los animales, lo que ha provocado la muerte de algunos debido al canibalismo entre ellos, así como la falta de traslado y reubicación en un lugar adecuado".
Asimismo, la magistrada advierte que la ausencia de estas medidas supone un "riesgo grave" para la vida de los gatos y un problema para los vecinos, ya que los animales fallecen y sus cuerpos quedan expuestos a la intemperie y en proceso de descomposición. Según la organización animalista, han sido precisamente los residentes quienes se han encargado de cuidar a los felinos durante todo este tiempo..
Desde FAADA han señalado que "esta resolución judicial sienta un precedente significativo, ya que es la primera vez que un tribunal dicta medidas de este tipo para garantizar el bienestar de una colonia de gatos". La entidad interpuso la denuncia en enero de este año.
Por su parte, el Ayuntamiento de El Vendrell ha asegurado que cumplirán "con las medidas que determine la sentencia, en coordinación con los servicios jurídicos municipales".
El Gobierno está considerando eximir a los actuales dueños de perros de realizar el curso de formación que será obligatorio bajo la nueva ley de bienestar animal, de acuerdo con un borrador de real decreto enviado a las comunidades autónomas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Fuentes del ministerio confirmaron a EFE que se propone un periodo de gracia de seis meses desde la publicación de la norma, tras el cual la formación será obligatoria para quienes adquieran un perro. Aquellos que ya posean uno no estarán obligados a realizar el curso.
Este borrador, que regula 25 artículos de la ley de bienestar animal, fue preparado por la Dirección General de Derechos de los Animales, bajo la dirección de Pablo Bustinduy. El documento será presentado el 17 de julio en una reunión técnica con los gobiernos autonómicos, quienes tendrán hasta el 31 de agosto para sugerir modificaciones.
Una de las propuestas clave es modificar la normativa sobre perros potencialmente peligrosos. El objetivo es que estas razas puedan dejar de ser consideradas peligrosas si el animal pasa una prueba de sociabilidad, que deberá realizarse al cumplir 12 meses. Profesionales del comportamiento animal administrarán esta evaluación y los resultados serán registrados oficialmente. Los perros que no superen la prueba seguirán considerándose potencialmente peligrosos, por lo que deberán llevar correa corta y bozal en espacios públicos, y se prohibirá su reproducción.
El borrador también establece que solo podrán reproducirse perros y gatos registrados como "reproductores" en su identificación. En caso de reproducción accidental, los cachorros deberán ser registrados con autorización excepcional del ayuntamiento correspondiente, y dicha autorización no podrá repetirse durante los tres años siguientes.
Asimismo, se contempla un procedimiento para que las administraciones públicas puedan hacerse cargo de animales que estén en riesgo por la falta de atención de sus dueños. En estos casos, las autoridades locales podrán trasladar al animal a un centro de recogida de manera temporal mientras se gestiona un posible abandono.
Otra medida propuesta permite a los servicios de emergencia o a las fuerzas de seguridad rescatar animales dejados en vehículos cerrados si están en peligro y no se localiza al propietario del automóvil. Además, se busca restringir la cría irregular de perros y gatos para reducir los altos índices de abandono.
El borrador también prevé la creación de un registro centralizado para criadores, núcleos zoológicos y organizaciones de protección animal, gestionado por las Comunidades Autónomas, con el fin de combatir el intrusismo profesional. Para coordinar la información de los registros autonómicos, se creará el Sistema Central de Registros para la Protección Animal.
Por último, se mantendrá la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una cobertura mínima de 100.000 euros para cada perro, independientemente de su raza, y vigente durante toda la vida del animal. Los seguros de hogar que ya incluyan esta cobertura serán válidos. Además, los ayuntamientos regularán la protección de colonias de gatos, y un veterinario determinará el destino de colonias felinas que deban ser reubicadas por razones de impacto ambiental.
El texto también introduce la regulación de criadores según su dedicación e intensidad, además de establecer por primera vez normas para los profesionales del comportamiento animal, una actividad en crecimiento que actualmente sufre de intrusismo por parte de personas sin la formación adecuada.
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